201 millones para levantar 2.500 pisos: una gota en el océano del alquiler
El Gobierno saca la chequera pública para financiar alquileres asequibles, pero los pisos tardarán años en estar disponibles para los inquilinos.
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El Gobierno saca la chequera pública para financiar alquileres asequibles, pero los pisos tardarán años en estar disponibles para los inquilinos.
El Gobierno recurre a constructoras privadas para construir viviendas con alquiler topado al 30% del sueldo y contratos blindados hasta 75 años.
El Gobierno riega con fondos a las comunidades autónomas para comprar y rehabilitar pisos, aunque el grueso del dinero acabará concentrado en Cataluña.
El Consejo de Ministros reparte fondos públicos extraordinarios solo entre las comunidades que han declarado zonas tensionadas, dejando fuera al resto.
El Ejecutivo lanza una batería de iniciativas para inquilinos y pequeños caseros, aunque muchas de ellas requerirán desarrollo reglamentario para notarse en la calle.
El Gobierno lanza un paquete con créditos ICO, incentivos fiscales y prórrogas de contratos, aunque parte de las medidas ni siquiera tiene apoyos parlamentarios garantizados.
El Gobierno aprueba blindar los alquileres frente a grandes especuladores y mantiene las rebajas fiscales a carburantes y gas.
El Gobierno aprueba dos decretos para frenar desahucios, limitar el negocio de los fondos de inversión y rebajar impuestos a inquilinos que ganen menos de 33.000 euros.
Moncloa anuncia un paquete de reformas para intentar frenar los precios del alquiler y cerrar las trampas del alquiler de temporada, aunque todavía debe negociarlo en el Congreso.
El Gobierno inyecta más fondos a la empresa pública CASA 47 y fija el reparto autonómico del Plan Estatal de Vivienda con la promesa de blindar la protección pública de por vida.
El Gobierno triplica el presupuesto para construir pisos públicos y dar subvenciones a jóvenes, aunque la ejecución final queda en manos de las comunidades.
El Consejo de Ministros saca adelante un tope temporal a las rentas del alquiler, aunque reconoce que aún no tiene los votos suficientes en el Congreso para salvar la norma.
El Estado cubrirá impagos de renta, facturas pendientes y destrozos a los propietarios que ajusten el precio al índice oficial.
El Gobierno diseña el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con alquiler con opción a compra y más obra pública, aunque el 40% de los fondos dependerá de las comunidades.
El Gobierno transfiere activos inmobiliarios valorados en 5.900 millones de euros a la empresa pública SEPES con la promesa de alquileres por debajo del mercado.
El Gobierno anuncia el traspaso de suelos estatales y pisos de la Sareb a una nueva empresa pública, pero la mayoría de las casas tardarán años en construirse y dependen de los ayuntamientos.
Cualquier propietario que quiera alquilar una vivienda turística, una habitación o por temporada tendrá que pasar el filtro del Registro de la Propiedad antes de publicar su anuncio.
El Gobierno aprueba los fondos para subvencionar el alquiler joven durante dos años, aunque la ayuda real dependerá de la rapidez con la que gestione cada comunidad.
El Ejecutivo suprime la residencia exprés para extranjeros por comprar casas caras y respalda con dinero público préstamos a promotores.
El Gobierno pondrá garantías públicas de hasta el 25% de la hipoteca para quienes no tienen ahorros para la entrada y ganan menos de 37.800 euros.