3.000 millones de euros para frenar la fuga de cerebros y fichar científicos de fuera
El Gobierno lanza un plan de 30 medidas en 18 meses para retener investigadores, simplificar homologaciones y financiar contratos en universidades y empresas.
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El Gobierno lanza un plan de 30 medidas en 18 meses para retener investigadores, simplificar homologaciones y financiar contratos en universidades y empresas.
El Consejo de Ministros tramita la norma para evitar tirar comida en súper y bares, e inyecta fondos a las comunidades para mejorar el reciclaje.
El Gobierno aprueba el proyecto de ley contra el desperdicio de alimentos que obligará a la hostelería a facilitarte tu comida para llevar y a los híper a donar excedentes.
El Gobierno activa ayudas directas para aliviar el encarecimiento de los piensos y fertilizantes en sectores clave como el vacuno o los cítricos.
El Gobierno crea un órgano de análisis dentro del Instituto Cervantes para impulsar el castellano y las lenguas cooficiales en la inteligencia artificial y la ciencia.
El Gobierno reparte fondos para construir nuevas plantas de tratamiento y mejorar la recogida separada de residuos en los municipios.
El Gobierno reparte fondos europeos entre las comunidades autónomas para dar apoyo individualizado a estudiantes con dificultades en más de 3.000 colegios e institutos.
El Gobierno remite al Congreso la ley que regulará las ayudas agrarias comunitarias, imponiendo trámites 100% electrónicos y un control exhaustivo de agua y fitosanitarios.
El Ejecutivo presenta su estrategia para transformar residencias, ayuda a domicilio y empresas sociales con dinero de la Unión Europea.
Se renueva la ley de cooperación internacional para fijar por obligación legal el envío de fondos al extranjero e inyectar de golpe 32 millones a entidades del sector.
La nueva ley obligará a eléctricas, teleoperadoras y bancos a responder quejas en 15 días y prohibirá cortar el suministro mientras haya una reclamación abierta.
El Consejo de Ministros pone sobre la mesa fondos millonarios para cooperativas, sanidad y dependencia, al tiempo que obligará por ley a que un humano conteste al teléfono en menos de tres minutos.
Se modifican las normas y la base de datos nacional donde los ciudadanos dejan por escrito qué cuidados médicos o tratamientos desean recibir si pierden la consciencia o capacidad de decisión.
El Gobierno desbloquea tres paquetes de fondos europeos que gestionarán las comunidades para modernizar diagnósticos médicos y atender a colectivos vulnerables.
El Consejo de Ministros envía al Congreso un proyecto de ley para obligar a la administración a medir con lupa los resultados del dinero de todos.
El Gobierno lanza el macroplan PERTE Chip para diseñar y producir semiconductores, aunque la lluvia de millones dependerá de convencer a gigantes tecnológicos extranjeros.
El Consejo de Ministros lanza el PERTE de semiconductores para fabricar chips en España y aprueba una convocatoria masiva de 44.787 puestos para la Administración.
El Gobierno reparte los fondos entre las comunidades autónomas para garantizar asistencia psicológica y jurídica continua en todo el país.
El Gobierno impone límites al gasto energético en los edificios del Estado y refuerza el trabajo a distancia de los empleados públicos para ahorrar en climatización y transporte.
Moncloa saca la mayor oferta de empleo público hasta la fecha, combinando nuevos puestos para opositores con la obligación legal de hacer fijos a miles de interinos.